Por Freddy Zárate
En los años 60, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) desarrolló la idea de establecer una “política cultural”, la cual implicaba que los gobiernos establezcan procesos, clasificaciones legales, regulaciones y creación de instituciones que promuevan y faciliten la diversidad cultural. Bajo estos parámetros hubo distintas voces que fueron forjando acciones legales y programas gubernamentales que regulen, protejan, alienten y apoyen financieramente las múltiples actividades relacionadas con la cultura (la pintura, la escultura, la música, la danza, la literatura y el cine, entre otros), también fueron incluidas las actividades relacionadas con el idioma, el patrimonio y la diversidad cultural.
En Bolivia hubo algunos intentos por implementar los lineamientos de la Unesco, se puede indicar por ejemplo, que bajo el gobierno del General René Barrientos se creó el Ministerio de Cultura en 1965, pero tuvo una efímera existencia, al poco tiempo retornó al Ministerio de Educación. Cuatro años después, tras la muerte de Barrientos y posterior golpe de Estado a Luis Adolfo Siles Salinas llegó al poder –por tercera vez– el general Alfredo Ovando Candía, bajo el rotulo de gobierno revolucionario, quien designó como Ministro de Educación y Cultura al polifacético Mariano Baptista Gumucio.
En cuanto a labores referidas al quehacer cultural, el Ministerio de Educación publicó el documento Política educativa cultural y científica del gobierno revolucionario de Bolivia (La Paz: Editorial E. Burillo, 1970). En el proemio del texto Baptista manifiesta: “El reto que tiene ante sí el régimen revolucionario boliviano es, de una parte, incorporar a más de setenta por ciento de la población del país a los beneficios de la ciencia y de la educación y, de otra, afirmar los valores auténticos de la nacionalidad (…). Ninguno de los gobiernos del pasado, mediatizados por la acción colonizadora o indiferentes a estos problemas, estableció una línea definida, por parte del Estado, para encarar los asuntos relativos a la educación, la cultura y la ciencia”.
Es necesario matizar la afirmación de Baptista, ya que en octubre de 1953, bajo el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) se encomendó a un grupo de pedagogos bolivianos (Huáscar Cajías, Faustino Suárez, Manuel Durán, Humberto Quezada, entre otros), presididos por el escritor Fernando Diez de Medina, la redacción de un Plan Integral de Reforma de la Educación Pública. Tras varios meses de discusión y modificaciones a la propuesta inicial se promulgó el Código de la Educación Boliviana en enero de 1955, la cual significó un cambio sustancial para la educación en Bolivia.
También en ese periodo hubo una revalorización de las culturas autóctonas, excavaciones arqueológicas, reedición y publicación de libros, entre otras actividades. En ese tiempo Mariano Baptista ocupaba el cargo de secretario privado del presidente Víctor Paz Estenssoro (de 1953 a 1956).
Volviendo al prefacio del folleto, el ministro Baptista indica que se realizó el Primer Congreso Pedagógico Nacional, donde los representantes del magisterio elaboraron el documento que consideraban, y que más tarde se convertirá en la Declaración del Gobierno Revolucionario sobre Política Educativa, Cultural y Científica, la cual contiene treinta y ocho propuestas.
En el punto referido a la cultura sugieren la “creación de la Casa de la Cultura Boliviana para promover con pleno contenido nacional, las manifestaciones de la pintura, escultura, música, danza y ballet, cine, literatura, teatro, folklore y otras expresiones artísticas”.
Más abajo, plantearon la organización del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas para que proceda a la revisión del pasado histórico del país; en el campo de la arqueología indicaron que Tiwanaku sea considerado un potencial de estudio e investigación; resaltaron la valoración y el estudio de las antiguas culturas; brindaron su apoyo a las instituciones que se dediquen al estudio de la lenguas aborígenes; propusieron ampliar el patrimonio museológico; proyectaron mejoras en los servicios de la Biblioteca y Archivo Nacional, así como la de las bibliotecas existentes y se fomentaría la creación de nuevas bibliotecas populares y escolares.
Así también, plantearon la creación del Banco del Libro a fin de facilitar textos a los estudiantes de escasos recursos; sugirieron organizar una Cinemateca en la que se deposite y exhiba la producción cinematográfica de valor documental realizada en el país, así como las obras clásicas de la cinematografía mundial; expresaron la necesidad de reorientar los servicios de radio y televisión nacional en beneficio de las clases populares, la alfabetización, la educación de adultos, entre otros.
A los pocos meses de haber puesto en circulación la propuesta de política educativa cultural y científica, el gobierno de Ovando sufrió una profunda crisis militar que condujo a la renuncia del mandatario, quedando relegado las ideas del Congreso Pedagógico Nacional.
Después de cinco años, bajo la dictadura de Hugo Banzer se retomó algunas directrices culturales de anteriores gobiernos, es así que se promulgó el Decreto Supremo 12302, de 14 de marzo de 1975, que dispuso la creación del Instituto Boliviano de Cultura (IBC), con la siguiente estructura: consejo directivo, director ejecutivo, consejo ejecutivo, institutos nacionales de arqueología, antropología, artes plásticas, historia, literatura, música, danza y división de educación extraescolar.
La dirección del IBC fue encomendada a la investigadora y arqueóloga Julia Elena Fortún (1929-2016), quien tenía el reto de implementar las directrices de una política cultural en Bolivia. Tras recopilar toda la información disponible, redactó el documento Política cultural boliviana (La Paz: Editorial del Estado, 1975).
Para ello, la autora realizó un análisis sociocultural del país; propuso una conceptualización de lo que debe entenderse por cultura; adelantó los parámetros de desarrollo cultural; marcó la estrategia de desarrollo cultural; planteó incentivar investigaciones de los diversos institutos que conformarían parte del IBC.
Expresó la necesidad de inventariar, catalogar y conservar toda documentación en todos los Institutos; enfatizó la necesidad de difundir la cultura a diversos niveles, esto con el fin de sensibilizar a toda la población –por todos los medios posibles de comunicación social– la revalorización de la cultura nacional para lograr su intervención directa en la conservación del patrimonio cultural como una función de deber cívico.
Programó la realización de cruceros y misiones culturales; proyectó la implementación de cursos de temporada cultural a través de emisoras radiales; remarcó la urgencia de formar recursos humanos para la acción cultural a todo nivel.
“Por esta razón, las posibilidades de acceso a los centros formativos deben darse en todo nivel de la población, en consideración a que la cultura –conceptuada en términos de una constante superación del hombre– no sólo debe ser privilegio de las élites, sino derecho y patrimonio de todos los habitantes de la nación”, dice Fortún.
El año 1977, la Unesco promovió una colección de estudios y documentos que tuvo el fin de reflejar cómo se fueron planteando y aplicando en diferentes Estados miembros las políticas culturales. En ese marco, la Comisión Nacional boliviana para la Unesco, encomendó al exministro de Educación, Mariano Baptista la elaboración del estudio, la cual fue publicada con el título La política cultural en Bolivia (Unesco, 1977).
El texto sintetiza el ámbito geográfico, histórico y cultural: recorre la antigüedad indígena, la dominación colonial “blanca” y la independencia de la república hasta los años setenta. Describe los distintos grupos étnicos bajo la categoría de pluriculturalidad.
Al enfocarse en el campo de las letras y las artes hace mención a la literaria, la arquitectura, la pintura y la escultura, la música y el cine. En el punto referido a la educación menciona los problemas del analfabetismo y el proceso de alfabetización; la educación rural; la situación de la educación preescolar, básica, ciclo intermedio y medio; el presupuesto conferido al magisterio y locales escolares. En el capítulo concerniente a las universidades esbozo la parte histórica de las universidades públicas, sus reformas, sus problemas y el costo de la educación superior.
En el acápite referido a la implementación de políticas culturales de gobiernos pasados, Baptista rememora la labor del gobierno del MNR: “Antes de 1952, el Ministerio de Educación era, también, de Bellas Artes, pero éstas estaban reducidas a una oficina miserable que atendía malamente a algún conservatorio de música y algunas escuelas de artes plásticas, sin mayor vitalidad y proyección”.
En este período –dice Baptista– se produjo una modificación radical en el tratamiento de los problemas de la cultura, dentro de un gran margen de improvisación, más bien que de una planificación necesaria: “Inicialmente se creó un Ministerio de Cultura que, por avatares políticos fue reemplazado por la Subsecretaria de Prensa, Informaciones y Cultura (SPIC), dependiente de la Presidencia del gobierno revolucionario, con rango de ministerio. La SPIC fortaleció la imprenta del Estado y la radio Illimani; también se creó los Premios Nacionales de literatura y pintura. Así como la creación del Instituto Cinematográfico Boliviano cuya tarea fundamental era la de producir noticiarios sobre los sucesos revolucionarios”.
Al referirse al periodo de las dictaduras militares, Baptista recapitula la declaración del gobierno revolucionario sobre política educativa, cultural y científica, la cual transcribe en su integridad los treinta y ocho puntos del folleto publicado en 1970.
Un dato interesante que menciona el autor es que “antes del advenimiento del régimen del general Banzer, cabe anotar que el general Barrientos inauguró la televisión en Bolivia mediante una empresa de propiedad del Estado. Luego, el gobierno del general Torres creó un Ministerio de Cultura separado, con el fin de impulsar las actividades culturales, pero el experimento fracasó con la caída de su gobierno que se produjo en menos de un año”. Finalmente, Baptista se refiere a la política cultural boliviana elaborada por la arqueóloga Fortún el año 1975.
En la parte final del texto, el “mago” alude la necesidad de difundir y preservar la cultura a través del movimiento editorial, televisión, prensa y radio; destaca la función que cumplen las fundaciones (Patiño, Mario Mercado, Emusa, Manuel Vicente Ballivián) dedicadas a promover las artes y las ciencias.
Con respecto a los museos, Baptista señala que son escasos, “cuando podría tenerlos muy variados debido al cuantioso material disperso”, además, pone en alerta el saqueo de obras de arte y del folklore: “Bolivia es una pieza más dentro del mosaico de piratería internacional del arte que, según los indicios concomitantes existentes, estaría a cargo de toda una organización mundial delictiva con cerebros conocedores de la materia, cuyas depredaciones se destinan a un mercado sofisticado y económicamente poderoso”.
El breve recorrido que trazamos sobre la implementación de políticas culturales en Bolivia nos muestra que su tratamiento fue intermitente pero repleto de buenas intenciones. Paralelamente a la institucionalización dentro del armazón estatal fueron creciendo los desencantos de los distintos sectores culturales por la falta de atención a sus diversas demandas plasmadas en propuestas, documentos, convenios, leyes y decretos.
A esto se suma la falta de asignación de presupuesto y las visiones politizadas que fueron a la larga un desatino al fortalecimiento de la institución. El hecho de que en la actualidad el gobierno transitorio haya decido eliminar el Ministerio de Culturas y Turismo y pase a depender del Ministerio de Educación no es nada nuevo en la historia, ya que esto no afectará en gran medida su tediosa burocracia, solo que ahora tendrán menos oficinas y su labor en favor de la cultura será prácticamente la misma, es decir, insuficiente.
Fuente: Letra Siete
