De esclavos y otras servidumbres
Por: Pedro Shimose
Una vez más, el Diccionario de uso del español, de María Moliner, es más preciso que el Diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española. El Moliner define al esclavo como “la persona sobre la que otra ejerce derecho de propiedad como sobre una cosa”. La RAE dice, en cambio, que esclavo es la persona “que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra”. Un prisionero de guerra, un preso político o un secuestrado por los terroristas no es un esclavo, aunque “carece de libertad por estar bajo el dominio de otra”, como dice la RAE. En el Perú colonial, la condición de los mitayos en las minas potosinas puede ser comparada con la de los esclavos en Roma: se heredaban, se compraban, se vendían y transferían por dinero como si fueran objetos, cosas o bestias. La definición de la RAE puede ser confundida con la condición de siervo de la gleba, los mujiks rusos y los pongos del imperio inca.
De hecho, varios periodistas que, desde hace años, denuncian valientemente la situación de servidumbre en algunas explotaciones agrícolas del Chaco, hablan de esclavitud según la acepción de la RAE.
A ellos se ha sumado el Presidente de Bolivia. En foros internacionales ha denunciado que en Bolivia existe el régimen de ‘esclavitud’ en “regiones del Chaco” (¿por qué no ha mencionado el régimen de ‘esclavitud’ en “algunas minas de la Bolivia andina”? La situación de dependencia y servidumbre, en algunos casos, es la misma, según informes de algunas ‘oenegés’).
Al primer mandatario se le debe exigir responsabilidad y prudencia. No es lo mismo que cualquier ciudadano hable de la explotación esclavista en Bolivia, que el Presidente de Bolivia hable de lo mismo. Don Evo Morales lleva ejerciendo el poder desde hace dos años y pico. Si él está convencido de que hay esclavitud en Bolivia, ¿por qué no ha ordenado a su ministro de Trabajo que aplique las leyes vigentes en el país desde 1952? Nuestras leyes laborales prohíben instituciones inicuas como la mita y el pongueaje, y castiga a quienes las infringen, incluidos cualquier servidumbre y servicio no remunerado.
Por lo que he leído en los periódicos, la descripción que se hace de la presunta ‘esclavitud’ de “muchas familias guaraníes” coincide con las características de lo que se conoce como ‘régimen de peonaje’. Si es cierto que algunos bolivianos son obligados a trabajar bajo extorsión económica en algunas haciendas, estancias o granjas, la autoridad competente debe intervenir nada más presentarse la denuncia. Las cuentas alegres del patrón que manipula arbitrariamente los precios de los productos que expende a sus campesinos deben ser investigadas por los inspectores laborales. En el régimen de peonaje, el trabajador siempre sale perdiendo al hacer cuentas, de tal modo que se hipoteca de por vida y con él, hipoteca a toda su familia.
A todo esto, al cardenal de Bolivia, monseñor Julio Terrazas, lo metieron en el baile y, después de examinar in situ la situación de los denunciantes, declaró que no había visto indicios de esclavitud. Algunos le replicaron. Hubo un periodista que le “presentó” a unos “cautivos”. Esto es relevante, porque si hubiesen sido esclavos estaríamos hablando de cimarrones, o sea, esclavos fugados de la ‘plantación’. No hay cimarrones en Bolivia, sencillamente porque no hay esclavos.
En cuanto a los presuntos esclavos guaraníes, ellos llevan nombres y apellidos muy guaraníes. Se llaman Jesús Rodríguez, José Sánchez, Cipriano Vaca y Salustiana Valdés. El cardenal Terrazas demostró haber leído a los clásicos de economía, sociología e historia, ésos que han definido la esclavitud como un sistema de explotación que considera a unos seres humanos como ‘cosas’ que se usan, se venden y transfieren. Pienso que no es el caso de los mal llamados ‘esclavos guaraníes’ del Chaco. // Madrid, 02/05/2008.
Fuente: www.eldeber.com.bo
