Repositorio Nacional hace 14 años en el abandono
Texto y foto por: Sandra Arias
Foto: La oficina en la que funciona el Repositorio Nacional, en la planta alta del llamado Palacio Agramonte, en el centro paceño, a una cuadra de Palacio de Gobierno.
El proyecto de refacción de la vieja casona del siglo XIX que lo alberga quedó trunco y desde entonces los documentos patrimoniales que custodia se apilan como se puede.
Más de 90.000 ejemplares de libros, ensayos, periódicos y otros documentos patrimoniales del Estado se encuentran amontonados en bolsas de yute sobre el piso, sobre mesas y dentro de cajones, en el Repositorio Nacional, en La Paz, expuestos al polvo, a los intempestivos cambios de clima y hasta al excremento de las palomas que viven en los tejados del Palacio Agramonte, una desvencijada edificación del siglo XIX que, a pesar de ser declarada patrimonio nacional y de haberse alertado sobre su desplome, no recibe atención del Gobierno.
En los últimos días, surgió una controversia en La Paz cuando la ministra de Culturas, Elizabeth Salguero, anunció el traslado del material del Repositorio y el archivo fílmico de la Cinemateca Boliviana al Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia, que se encuentra en Sucre y donde, afirmó, existen las condiciones adecuadas para preservar la producción intelectual boliviana, tanto escrita como audiovisual y sonora.
Una de las voces contrarias a este traslado es la del director de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el especialista Luis Oporto, quien señala que eso supondría centralizar la información y que lo que le corresponde al Ministerio de Culturas es darle al Repositorio Nacional un espacio adecuado en La Paz.
El Repositorio Nacional nunca contó con la infraestructura adecuada, afirma el responsable de su manejo, Rogelio Callisaya, quien está a cargo de la institución desde 1985 y cuenta que lo documentos quedaron en el piso desde hace 14 años, cuando se comenzó una refacción del inmueble, con fondos de la cooperación internacional, que nunca llegó a término por supuestos malos manejos económicos.
Desde entonces, el Repositorio fue confinado a dos pequeñas habitaciones de la planta alta del Palacio Agramonte, cuyos cielos rasos se están descascarando por el paso del tiempo y la humedad de la época lluviosa. El resto de los ambientes quedaron sin piso y sin cielo raso cuando comenzó la refacción y desde entonces quedaron así. Algunas habitaciones de la planta alta son usadas como depósito del Ministerio de Culturas.
Respecto al traslado, Callisaya aclara que en 2010, en el marco de la Feria Internacional del Libro de La Paz, hubo un taller sobre el depósito legal, que es la principal función del Repositorio actualmente, y se acordó que debía pasar a la administración de la Fundación Banco Central de Bolivia (BCB), “lo que no significa que se iba a trasladar a Sucre (físicamente), sino solo la administración porque todo este material también lo tiene el Archivo y Biblioteca de Sucre”, señala.
Callisaya coincide con Oporto en que el traslado significaría concentrar la documentación cuando la idea es mantenerla en La Paz para hacerla accesible al público, que también hace 14 años se ve impedido de acceder a la información de los archivos.
El Repositorio Nacional fue creado en 1968 con la finalidad de ser una oficina de control bibliográfico puesto que desde que se trasladó la sede de Gobierno de Sucre a La Paz, no se estableció una oficina de control de la producción intelectual.
El Repositorio conserva 73.500 monografías y 18.700 publicaciones periódicas, además de una colección de folletería que corresponde a la historia de Bolivia entre los años 1880 y 1910 que fue adquirida de colecciones privadas; pero también conserva discos de vinil, cassettes y discos compactos con la producción musical boliviana.
Para tener una idea de la cantidad de material ingresado diariamente, los registros de Callisaya señalan que en lo que va del año y hasta hace cinco días, se asignaron 3.264 nuevos registros de los que 2829 son publicaciones bibliográficas del sector privado, 307 pertenecen al Estado, 128 son publicaciones periódicas y 124 corresponden a registros fonográficos.
Conflicto por administración
La principal función del Repositorio Nacional es otorgar el número de registro intelectual. Autores y productores, obligatoriamente, deben registrar su trabajo para que tenga Depósito Legal. “Es la tarea que más nos ocupa”, dice Callisaya y explica que junto al llenado de un formulario se deben dejar cinco ejemplares, si se trata de un trabajo impreso, y tres si se trata de fonogramas. De ese material, se despacha dos ejemplares a Sucre, sin son libros, y uno si son audios.
Callisaya señala que, en 2006, surgió un conflicto con el Archivo y Biblioteca Nacional porque esa institución logró, en 2006, que se aprobara un nuevo reglamento de Depósito Legal que hasta la fecha no entró en vigencia y que establecía que su administración debía ser competencia del Archivo y Biblioteca Nacional y no del Ministerio de Culturas.
Es por eso que en el taller de 2010 se retomó el tema y se hizo un nuevo acuerdo para la elaboración de un reglamento actualizado de la Ley de Depósito Legal, concordada con la Nueva Constitución Política del Estado.
¿Información centralizada?
Ante ese panorama, Oporto señala que lo primero que se debe tomar en cuenta es que el Repositorio Nacional cumple una función delegada por el Estado, por tanto es el Ministerio de Culturas el que debe dotarle de equipos, infraestructura y tecnología; y no, como pretende, “trasladar esa obligación al Archivo y Biblioteca Nacional”.
“En Sucre ya hay dos ejemplares del material producido en Bolivia, si se traslada se estaría cuadruplicando el material y me pregunto si en un país como Bolivia podemos darnos el lujo de centralizar la información. Esta bibliografia es escencial para conservarla en La Paz puesto que en Sucre ya existe”, señala el especialista.
Añade que lo que le corresponde al Ministerio de Culturas es gestionar los recursos para que ese material tenga una infraestructura adecuada “en cumplimiento estricto a lo que establece la Constitución Política del Estado”.
“Me parece que esto sale por un cuestionamiento al Repositorio Nacional. Se ha tejido una leyenda negra señalando que no cumpliría a cabalidad, que no remite los ejemplares a Sucre de manera oportuna, cosa que no corresponde porque yo conozco el Repositorio desde 1979 y, a pesar de las limitaciones, los funcionarios cumplen con su trabajo.
“Todo pasa por una gestión efectiva que debe cumplir nuestro Ministerio (de Culturas), no se puede acudir al fácil expediente de trasladar, sino cumplir con sus obligaciones”, enfatiza Oporto.
“Ordenar la casa”
La ministra Salguero señala que el traslado obedece a la obligación de preservación patrimonial que tiene el ministerio a su cargo. “Tenemos la tuición de proteger, preservar, nuestra competencia es velar (por ese material). El Repositorio Nacional está atravesando por un momento crítico, está en un lugar inapropiado, entonces tenemos que cambiarlo; pero una vez que hayamos catalogado e inventariado los documentos y el archivo fílmico que hay en la Cinemateca”, afirma.
Sobre dicho archivo fílmico, señala que si bien puede contar con la infraestructura adecuada, tiene conocimiento que la Cinemateca atraviesa por problemas económicos, lo que pone en riesgo ese material, que no debería estar al cuidado de privados puesto que el terreno es del Estado, al igual que la infraestructura, por lo que no entiende por qué la administración es privada, ni las razones por la que esto se estableció en la Ley del Cine.
Calcula que el traslado podría hacerse efectivo para el primer trimestre de 2012, fecha en que el material ya estaría inventariado y catalogado. Mientras, en Sucre, la directora del Archivo y Biblioteca Nacional, Ana María Lema, le informó que existen los ambientes adecuados para albergar el material.
“Queremos ordenar la casa, hay muchas cosas que van a tener que cambiar”, señala rotunda Salguero.
Fuente: Los Tiempos
